miércoles, 10 de julio de 2013

Después de las palabras y los gestos, es hora de reformas auténticas y de calado.




Curas y laicos de Versilia (Toscana – Italia) escriben al Papa


Valerio Gigante
37237.  Viareggio - Adista

Le han tomado en serio, papa Francisco, cuando habla de colegialidad, cuando defiende que el auténtico poder es el “servicio” que tiene “su cumbre luminosa en la Cruz” y que, en cuanto servicio, remite a una concepción de la “acción de gobierno” más como “administración” que como imperio. Le han tomado en serio, y le han escrito, mandándole a Vd., a los obispos toscanos y a la prensa en general sus peticiones de reforma de la Iglesia. 


Son unos ochenta creyentes de la región de Versilia (Toscana – Italia) y han redactado un importante texto, asesorados por tres curas muy conocidos en la zona: don Lenzo Lenzi, historiador, un buen especialista en la historia eclesial de la región, cura de Sette Santi alla Darsena (cuya parroquia pertenece a la Chiesina del Porto, construida por don Sirio Politi y donde reposan sus restos), animador en 2012 de una campaña de boicoteo (que tuvo cierto eco en la zona) invitando a los feligreses a no entrar en los bares y tiendas que tuvieran “videopoker”; don Antonio Tigli, consiliario nacional de la Acción Católica Juvenil durante los años 70 y 80 y en la actualidad cura de Don Bosco; don Bruno Frediani, desde siempre con los emigrantes y fundador y presidente de Ce.I.S., Gruppo “Giovani e Comunità” di Lucca (institución que se ocupa de las personas en paro, marginadas, drogadictas, así como de la asistencia domiciliaria, de la agricultura biológica, del turismo social).

En la redacción final también ha intervenido un laico, Pierangelo Sordi, colaborador del semanal diocesano de Pontremoli, “Il Corriere Apuano”.

El documento se inscribe en el marco de iniciativas análogas adoptadas por otras comunidades, en diferentes sitios de Italia: la primera de ellas fue la “Carta a la Iglesia de Florencia”, el año 2007; el mismo año, un grupo de creyentes, reunido bajo la sigla “chiccodisenape”, en Turín, también se posicionó públicamente al respecto; y, más recientemente, se ha conocido la carta que los grupos, coordinados bajo el nombre “Rete dei Viandanti”, han mandado a todos los obispos italianos.

“Es muy importante  -manifiestan los católicos de Versilia- que cada día sean más los grupos que adoptan iniciativas de estilo. Como también lo es que sus firmantes sean personas que trabajan estrechamente con los curas de grandes y pequeñas parroquias y, por supuesto, en las curias diocesanas. Actuando de esta manera, se profundizará en la convicción y necesidad de reformar la vida de la Iglesia y se posibilitará una mejor comunicación con todos aquellos creyentes que todavía no perciben tales urgencias. Obviamente, tendrán la oportunidad de enviar sus peticiones no sólo a sus respectivos obispos locales, sino también a la Santa Sede”.

Por lo demás, recuerdan, basta con leer el apartado 3 del canon 212 del Código de Derecho Canónigo (los fieles tienen “el derecho, y, a veces, también el deber, de manifestar a los sagrados pastores su parecer sobre lo que concierne al bien de la Iglesia, así como hacerlo público a los otros fieles”) para entender que iniciativas de este estilo no se inscriben en la estrategia de una contestación o desobediencia eclesial, sino en la del legítimo e, incluso, responsable, ejercicio del carisma laical y presbiteral.

Menos papa, más sínodo

La reflexión se inicia afrontando, en primer lugar, el actualísimo asunto de la colegialidad: los firmantes piden que, en la preparación del sínodo, “las personas elegidas por las diferentes Conferencias Episcopales no tengan que ser aprobadas por el papa;  que a los obispos electores y electos se les dé amplia libertad para señalar algunos de los problemas que el sínodo podría discutir, así como total autonomía para presentar sus diagnósticos de las cuestiones que la Santa Sede someta a su consideración y, obviamente, la misma libertad para proponer las indicaciones que estimen oportunas sobre los modos de afrontar y solucionar los diferentes problemas planteados”.

“Además, se cree necesaria la publicación íntegra de las Actas de los Sínodos Episcopales, de las discusiones y de las decisiones, de modo que todos tengamos la posibilidad de informarnos totalmente de los trabajos sinodales”.

En un momento posterior, se aborda la elección del papa. En esta parte del documento se pide “que se abandone la regla según la cual necesariamente hay que elegir a un cardenal” y que el papa sea designado no por los cardenales, sino por los obispos del último Sínodo convocado, o por un grupo de obispos residenciales, aunque no sean cardenales, pero elegidos cada tres o cinco años por la Conferencia Episcopal de cada Estado (o conjunto de Estados). Serían obispos que tendrían que estar disponibles, también en caso de muerte repentina del papa, para venir a Roma y elegir al sucesor. Evidentemente, tendrían que estar debidamente informados sobre las personas que se consideran más aptas para ser elegidas como papa”.

Finalmente, también se lee en el documento: “no se comprende cuáles puedan ser los motivos por los que la ley que regula las dimisiones de los obispos al cumplir los 75 años no valga igualmente para los papas que lo son por ser obispos de Roma. Por esta razón, sería completamente lógico que dicha ley fuese igualmente obligatoria también para ellos, sometidos, como lo estamos todos, al dictado inexorable de la enfermedad y del envejecimiento”.

Transparencia financiera y solidaridad

Otra vieja cuestión, la de las finanzas vaticanas. La reforma profunda del IOR, sostienen los creyentes de Versilia, es algo indispensable e inaplazable.

Creemos necesario “que el IOR publique su propio balance, que dicho balance esté presidido por la máxima transparencia y que no solo siga las normativas europeas sino que, sobre todo, se atenga a los criterios propios de la banca ética. Esta clase de banca no financia las actividades del hampa o la fabricación de armas, ni, en general, todo lo que atente o pueda atentar contra el ser humano”.

En lo referente al inmenso patrimonio inmobiliario del que es propietaria la Santa Sede, y de cuyos alquileres se obtiene “una renta inmensa” (“empleada únicamente para beneficio de los sacerdotes y de las diócesis y sin canalizar partida alguna para consuelo de los pobres, independientemente de cuáles sean sus nacionalidades”), es urgente, afirma el documento, “una gestión transparente. La mayor parte de estos inmuebles provienen de donaciones lejanas en el tiempo y, por ello, es indispensable una reconsideración de los mismos. Ello no obsta para reconocer que la misma necesidad de transparencia requiere una estructura eficiente, con un amplio empleo de personas y medios”.

Es cierto e incuestionable que, por “respeto a toda la humanidad, la Santa Sede tiene el deber de conservar las obras artísticas, ya sean pictóricas, escultóricas o arquitectónicas”. Como también lo es que tiene “el deber de contribuir al desarrollo de la cultura, enriqueciendo continuamente con volúmenes y documentos la Biblioteca Apostólico Vaticana y el archivo Vaticano”. Pero todo esto es algo que ha de llevarse a cabo “mediante decisiones que sean, a la vez, razonables y transparentes”.

Además, los firmantes piden “que la Santa Sede estudie la posibilidad de poner mayores cantidades de dinero al servicio de la caridad y de la justicia, dotando de ayudas más cuantiosas (a diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta el presente) a los programas en beneficio de los parados, de las familias en dificultad, de los pueblos que tienen todavía un nivel de vida bajísimo, que carecen de instituciones hospitalarias o que no tienen posibilidad de financiarse para comprar fármacos en circulación, desde hace años, en poblaciones más ricas y que están sufriendo por éste y por otros muchos problemas”.

Mujeres, curas casados y formación

Después de abordar algunas cuestiones referidas a la organización interna de la Iglesia italiana, sugiriendo la reducción del número de diócesis y la agrupación de muchas parroquias, el documento defiende la supresión del celibato obligatorio para los presbíteros.

Además, se muestra partidario de “promover a las mujeres al diaconado (el concilio Ecuménico de Calcedonia del 451, en el canon XV, da normas sobre las diaconisas, lo que quiere decir que, por lo tanto, existieron) y al presbiterado”, no tanto “como solución a la escasez de los presbíteros”, sino por sintonía con la actitud de Jesús “en su relación con las mujeres y en conformidad con su modo de estar presentes, ser partícipes y protagonistas en las comunidades apostólicas”.

Muy unido a este tema se encuentra, inevitablemente, el de la formación de los candidatos a ser presbíteros. “Los hombres, jóvenes y adultos, que son ordenados en la actualidad han recibido, frecuentemente, la formación en un movimiento de fuerte intensidad religioso-devocional, tienen una espiritualidad individualista-intimista y subsiste en muchos de ellos una mentalidad profana con una alta tasa de ignorancia sobre el papel de los laicos en la Iglesia y sobre el ministerio sagrado como servicio a tiempo pleno y no con un horario concreto, algo, esto último, que es más propio de empleados que de sacerdotes”.

A la espera de una reforma total de los criterios para acceder al sacerdocio y de la formación de los candidatos al sacerdocio ministerial, el documento sugiere “la ordenación como presbíteros de hombres casados, preferentemente con no menos de cuarenta años y no más de cincuenta”.

Balances parroquiales y la presencia de los laicos en la política

Sobre la participación de los laicos en la vida de las comunidades parroquiales y diocesanas, el documento no se decanta a favor de una total horizontalidad entre laicos y consagrados, entre curas y obispos (primeros “inter pares” dentro de los organismos pastorales), a pesar de que las experiencias más relevantes de la Iglesia conciliar fueron precisamente las llevadas a cabo durante los años 70 y 80, década en la que curas y feligreses abordaron de manera paritaria muchos asuntos en los consejos parroquiales y diocesanos.

Se  limitan a señalar la necesidad de una ley que obligue a los párrocos a “confiar todo el trabajo administrativo, incluida la publicación del balance anual de la parroquia, a laicos competentes y de indiscutible moralidad”.

Concluyen señalando que “la corresponsabilidad del laicado no ha de ser tolerada, sino, sobre todo, promovida”.

Otra espinosa cuestión, la de las relaciones con la política

“Sin negar la necesidad de mantener una posible colaboración con el Estado en la promoción de la educación de los jóvenes mediante auténticos valores humanos, la Iglesia ha de evitar pedir o apoyar un partido político para buscar y recibir ventajas económicas o de otro género. Es necesario que la Iglesia respete la libertad de elección política de todos los ciudadanos”. 

Además, tiene que evitar “pedir leyes estatales que obliguen a todos los ciudadanos a observar indicaciones morales de la Iglesia. Tiene muy poco valor que se evite un pecado porque es el Estado el que lo prohíbe y porque podría penalizar a quien no observara dicha ley. El cristiano tiene que tomar sus decisiones morales en conformidad con lo que dice el Evangelio y porque es Jesucristo quien se lo propone”.






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