La cárcel de curas de Zamora 09: El proceso de Burgos

Dos de los imputados  en aquel proceso eran sacerdotes presos en la cárcel de Zamora que nos tuvieron a los demás compañeros presos puntualmente informados sobre los preparativos del juicio. Uno de los sacerdotes imputados, Jon Etxabe, era guipuzcoano; el otro, Julen Kalzada, vizcaino. Por esta razón, D. José María Cirarda estuvo involucrado en los avatares de aquel proceso.

“Mucho antes de la fecha del proceso, D. Jacinto, obispo de San Sebastián, y yo iniciamos gestiones ante el gobierno de Madrid pidiendo que el proceso fuera público y que no fuera un juicio militar sumarísimo sino civil ordinario. Escribimos una carta al ministro de Justicia, arguyendo que el decreto-ley contra bandidaje y terrorismo no estaba en pleno vigor cuando se cometieron los hechos de que eran acusados los implicados en el proceso de Burgos”.

El Sr. ministro nos contestó rápidamente, diciendo que el juicio sería público, como habíamos pedido. Y nos replicaba que era cierto que el decreto-ley contra bandidaje y terrorismo estaba parcialmente limitado cuando se produjeron los hechos que iban a ser juzgados, pero tocaba al gobierno y no a los obispos determinar si tenía que aplicarse o no en el juicio que iba a celebrarse en Burgos.

D. Jacinto y yo replicamos con una segunda carta, abundando en nuestro parecer. Expusimos los graves males que pudieran seguirse de un juicio militar sumarísimo y urgimos nuestra petición de un juicio con todas las garantías del Código Civil. Esta carta no mereció respuesta. Y el juicio fue sumarísimo. Ante un tribunal militar y según el código militar”. (pag. 218).

Según nos iban informando los compañeros procesados, los obispos realizaron las gestiones a las que alude D. José María Cirarda por la petición insistente de los abogados defensores y atendiendo a las razones expuestas por los mismos. Tanto fue así que incluso le plantearon a Julen Kalzada que pidiera la secularización para que así hubiera una razón menos para que el juicio fuera a puerta cerrada. El mismo Julen Kalzada firmó dos cartas redactadas por su abogado defensor, Miguel Castels. En la primera dirigida a los correspondientes mandos militares solicitaba que el juicio fuera público; en la segunda, dirigida a la Santa Sede, pedía tambien que el juicio fuera público añadiendo que si el tribunal no accedía a esta petición, se vería abocado a pedir su secularización.

Aunque  la finalidad primordial de este escrito es poner de manifiesto las inexactitudes y omisiones del libro, no me duelen prendas en reconocer las gestiones que D. José María Cirarda realizó con motivo del juicio de Burgos y de las gravísimas condenas dictadas en el mismo. Las transcribo tal como él mismo las narra.

“Por mi cuenta y riesgo fui a visitar al general García Rebull en capitanía general de Burgos días antes de la celebración del proceso. La situación era tan tensa que me creí obligado a utilizar su ofrecimiento de amistad y confianza mutuas para tratar directamente con él la situación. Me recibió muy amable. Me dijo que él tambien hubiera preferido que el juicio fuera civil y no militar, y que se alegraba de que, al menos, fuera público como fue. Dos cosas me añadió, que me tranquilizaron un tanto. Me dijo que según el Código de Justicia Militar, si la sentencia dictaba penas de muerte, necesitaba la confirmación del capitán general para ser efectiva y él no estaba dispuesto a tal confirmación, lo que, sin embargo, podía complicar más las cosas, porque tendría que celebrarse nuevo juicio ante el Tribunal Supremo Militar. Y añadió que el fiscal pedía una pena de muerte para Izco, uno de los acusados por haber asesinado al comisario Manzanas en Irún en agosto de 1968, porque al ser detenido, llevaba la pistola con que le habían asesinado, pero era seguro que él no lo había matado, porque el día del asesinato estaba hospitalizado en Bayona por una operación en una pierna”. (pags. 218-19).

Da cuenta asimismo de otras actuaciones juntamente con D. Jacinto Argaya y con la aprobación de Mons. Tabera, Arzobispo de Pamplona.

“Fracasadas nuestras gestiones ante el gobierno, D. Jacinto y yo decidimos escribir una carta pastoral conjunta, que debía leerse en todas las misas parroquiales el 22 de noviembre de 1970, festividad de Cristo Rey. Antes de publicarla, nos reunimos en Pamplona con su arzobispo, Mons. Tabera, con quien solíamos charlar con frecuencia para constatar nuestros criterios en temas que nos afectaban de modo parecido en nuestras respectivas diócesis. Le dió el visto bueno a nuestra carta, aunque diciéndonos que traería cola la alusión que hacíamos a tres clases de violencia: la estructural,  la subversiva y la represiva.

El gobierno conoció nuestra carta el miércoles 18, fecha en la que tuvimos que enviarla a todos los sacerdotes para que la pudieran leer los días 21 y 22 en todas las misas dominicales. El ministro de Justicia, Sr. Oriol, me llamó a altas horas de la noche, para decirme que nuestra carta le había alarmado grandemente y que el ministro de la Guerra estaba irritado y dispuesto a tomar medidas drásticas. Me pidió, por ello, que la retiráramos de inmediato. Le contesté que los dos obispos habíamos considerado grave deber nuestro publicarla, que estaba ya distribuída con orden de proclamarla, sin comentarios, en las misas del domingo y que acababa de escuchar su lectura íntegra en la emisión castellana de Radio Paris a las 11 de la noche. Le dije, además, que yo pensaba leerla personalmente en la parroquia del Carmen de Bilbao, en cuya casa parroquial tenía mi residencia.

-  Lo único que se me ocurre para aclarar las cosas  -le añadí-  es publicar las cartas que los dos obispos nos hemos cruzado con Vd., a las que hacemos referencia en nuestra carta pastoral.

-  No se le ocurra tal cosa  -me replicó, nervioso-  Lo estropearían todo más y más. Se despidió pidiéndome.

-  Pida a Dios que no pase nada irremediable.

Lo curioso es que el capitán general de Burgos, Tomás García Rebull, me llamó pasadas las 12 de la noche, para decirme que conocía nuestra carta, porque acababa de llegar de Madrid, donde había tenido reunión con varios ministros, entre ellos el militar y el de Justicia. Le conté lo que acababa de decirme este último y lo comentó con las siguientes palabras textuales:

-  No me extraña. Estaba muy nervioso, como tambien el ministro de la Guerra. Pero yo les he dicho que no tenían Vds. más remedio que publicar esa carta u otra parecida, dada la tensión existente en todo el País Vasco. Le llamo por eso  -añadió-: para felicitarles por haberla publicado y para  decirles que estén Vds. tranquilos. No pasará nada”. (pags. 219-220).

Otras gestiones, una vez conocida la sentencia:

“El Tribunal Militar de Burgos dictó nueve penas de muerte, Seis eran los condenados, pero fueron dictadas dos penas de muerte contra tres de los juzgados, entre los cuales estaba el antes mencionado Sr. Izco”. (pag. 223).

“Tanto D. Jacinto como yo quedamos espantados con la dureza de la sentencia. La consideramos no solo dura sino injusta. D. Francisco Peralta, obispo de Vitoria, a quien el caso le afectaba menos porque no tenía diocesanos condenados, se sumó a nuesta preocupación. Juntos hicimos algunas gestiones que contaré.

La primera gestión la hice yo solo. Fui a Burgos para hablar con el general García Rebull y le dije casi bruscamente:

-  Mi general, no entiendo lo que ha hecho. Me dijo Vd. que Izco no había podido ser el asesino del comisario Manzanas y es uno de los condenados a dos penas de muerte. ¿Cómo ha podido ratificar la sentencia, que me dijo no era firme sin su conformidad?

-  Sr. obispo  -me contestó-. No sé si he hecho bien o mal. La tensión que está sacudiendo a España estos días es terrible y muy peligrosa. Puede suceder algo trágico. Si no hubiera firmado la sentencia, tendría que celebrarse otro juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia Militar dentro de unas semanas. La situación actual no puede prolongarse ni un día más. Estoy seguro de que el Caudillo va a conceder indulto para todas las penas de muerte. Y he decidido firmar para evitar males mayores”. (pag. 225).

D. Jacinto, D. Francisco y yo fuimos a Madrid en Talgo en medio de un temporal de nieve. Estuvimos con el Sr. Nuncio, Mons. Dadaglio. Estaba muy preocupado. Le urgimos que consiguiera una acción personal del papa Pablo VI ante el general Franco, Jefe del Estado, pidiendo el indulto instanter, instantius, instantissime. De su casa fuimos a la sierra de Guadarrama en coche que el Sr. nuncio nos prestó, dado el temporal reinante, para encontrar a D. Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid. Estaba ya aquejado por los primeros síntomas de la enfermedad que le causaría la muerte. Llegamos al convento en que se hospedaba, poco antes de comer. Le expusimos la gravedad del momento en nuestras diócesis y en toda España, y le pedimos que hablara con Franco, para urgirle  la concesión del indulto para las nueve penas de muerte dictadas en el proceso de Burgos. Lo hizo de inmediato. Y tras comer con él, volvimos a nuestras diócesis”. (pag. 225).

“Franco acotumbraba dirigir un radiomensaje a todos los españoles el 30 de diciembre.  ... Dicho año 1970, Franco, fiel a su costumbre, apareció en la pequeña pantalla.  ... Y terminó diciendo que, en virtud de sus facultades, cumplidos todos los requisitos legales, conmutaba las nueve penas de muerte dictadas en el proceso de Burgos por la inmediata inferior de cadena perpetua. Respiramos todos nosotros: los más afectados por la situación y la inmensa mayoría de nuestro pueblo”. (pag. 226).